El decreto expedito del gobierno leído por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, que pretende despejar el camino jurídico para mover el acuerdo humanitario y así salvar la vida de Íngrid Betancourt abre una cantidad de interrogantes y deja tantos vacíos; que ni los familiares de los secuestrados, ni los guerrilleros canjeables saben a ciencia cierta si esta decisión política del gobierno contribuirá a hacer realidad el acuerdo.

 
Anuncia el Comisionado de Paz que las versiones de algunos secuestrados liberados y los rumores que corren últimamente certifican el mal estado de salud de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y que por tal razón el gobierno se une al clamor nacional e internacional para salvar la vida de Íngrid con un decreto expedito que pretende agilizar el intercambio.

 
El gobierno con ello da por sentado que el acuerdo humanitario comenzó, a pesar de no haber establecido una mesa de diálogo con las Farc ni un mecanismo que permita ejecutar ese decreto expedito que resulta abstracto en la práctica del intercambio. Tampoco hay nada determinado con respecto a la zona de encuentro que permita discutir el acuerdo.

 
La guerrilla ha insistido en varios temas que son rechazados por el gobierno de Uribe, previos al intercambio humanitario de presos por secuestrados.

 
Entre ellos está el escollo de desmilitarizar por 45 días los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca para liberar a los secuestrados e intercambiarlos por lo que la guerrilla llama "prisioneros de guerra".

 
La guerrilla incluso plantea la posibilidad de que una vez se dé el intercambio de presos por secuestrados, este sea un primer paso para negociar: ¨la búsqueda de acuerdos para superar el conflicto social y armado que azota al país”.

El gobierno se opone a cualquier forma de despeje y habla de una zona de encuentro para iniciar las conversaciones.

El otro tema espinoso es que la guerrilla incluyó en un comunicado del pasado 26 de septiembre la liberación de Simón Trinidad y Sonia, condenados por la justicia de Estados Unidos, como condición del intercambio humanitario. El gobierno ha insistido en que no puede negociar los fallos tomados por la justicia de otro país.

Así las cosas, el decreto expedito del gobierno es sólo un movimiento político con el que una de las partes, el gobierno, pretende demostrar su voluntad de salvar la vida de una secuestrada por la que no ha realizado mayores gestiones en seis años.

No sabemos nada de la contraparte de este conflicto, las Farc. La muerte de Raúl Reyes, el segundo al mando, dejó sin una aparente dirección el tema del intercambio a pesar de que Joaquín Gómez parece haber tomado una vocería que todavía no se consolida.

Piedad Córdoba, quien ha apostado por el acuerdo humanitario, aseguró que las comunicaciones con la guerrilla están rotas y no hay un canal establecido para negociar.

El decreto del gobierno entonces deja abiertas las siguientes dudas:

¿Cómo un decreto expedito, en la práctica abstracto, puede agilizar un tema sobre el que las dos partes no tienen un acuerdo negociado?

¿Está el gobierno dando un paso importante que destrabe el acuerdo o sólo realiza una maniobra mediática que lo haga aparecer ante la opinión pública nacional e internacional como preocupado por la suerte de los secuestrados?

¿Por qué el gobierno toma una decisión unilateral sobre el tema?

¿Tiene información desde Francia sobre lo que debe hacer para agilizar el tema frente a la guerrilla?

Los vacíos sobre temas clave para las Farc parecen indicar que el gobierno se apresura solo a demostrar voluntad.

Video: La liberación de Íngrid Betancourt